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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense resolvió suspender a Ernesto García Maañón, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La decisión se tomó por unanimidad en una audiencia realizada el 3 de noviembre y también ordenó embargar el 40% de su sueldo mientras sigue el proceso disciplinario.
El jurado admitió formalmente la acusación, al considerar que los cargos cuentan con elementos suficientes para avanzar en esta etapa. García Maañón ya había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto. La resolución deberá comunicarse al Poder Ejecutivo provincial, la Procuración General y la Suprema Corte bonaerense.
Las partes tendrán diez días para presentar las pruebas que pretenden utilizar. El siguiente paso previsto es un juicio oral y público, donde se analizarán las acusaciones y se resolverá si corresponde destituir al magistrado. La admisión de los cargos no determina por sí sola su responsabilidad.
El expediente se originó en la denuncia de una funcionaria judicial, quien atribuyó al juez conductas de acoso sexual y laboral. La acusación también incluye presunta utilización indebida de recursos públicos, intimidación de testigos y delegación irregular de la firma digital. La causa llegó al jury por una presentación del procurador general bonaerense, a la que se sumaron el Colegio de Abogados de San Isidro y la denunciante.
García Maañón negó haber incurrido en acoso y sostuvo que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto. Su defensa cuestionó parte de las pruebas y pidió que se archivara el expediente, pero el jurado consideró que esos argumentos no desvirtuaban los cargos en esta fase. En paralelo, continúa la investigación penal sobre los hechos denunciados.
El avance del enjuiciamiento también incide en la renuncia que el juez presentó en julio de 2025, después de que se conocieran las denuncias: el gobernador Axel Kicillof no la había aceptado y el proceso impide que el magistrado se aparte del cargo mediante esa vía. La resolución aclara que la decisión final sobre su responsabilidad se tomará luego de producir y analizar las pruebas. Ante situaciones de violencia de género, llamá al 144.
